Se ha presentado el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que establece la Mediación como un método adecuado para la resolución de controversias (MASC). En este proyecto, se propone que la mediación sea un paso previo y obligatorio antes de la interposición de demandas judiciales. El Ministerio de Justicia apuesta por promover el diálogo y la comunicación como herramientas para la resolución de conflictos, ya sean civiles, mercantiles o familiares.

En Prosuma, apoyamos desde hace tiempo esta forma de resolver disputas, ya que es más rápida, económica y satisfactoria para todas las partes involucradas.

Resumen del Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros 15-12-2020

A continuación, te presentamos un resumen comentado de los motivos que fundamentan este proyecto de ley, que incluye la Mediación como uno de los métodos más adecuados para la resolución de disputas.

El Título I de esta ley incorpora una serie de reformas importantes, en particular la introducción de métodos alternativos de solución de controversias dentro de nuestro marco jurídico. Estas medidas son consideradas esenciales para garantizar un servicio público de Justicia sostenible.

La implementación de estos mecanismos, que ya se utilizan en otros países, responde a un principio de la Ilustración: antes de acudir a los tribunales, es necesario intentar alcanzar un acuerdo en un ambiente de concordia. La idea es fomentar la negociación entre las partes, ya sea de manera directa o con la intervención de un tercero imparcial. Estos métodos reducen el conflicto social, disminuyen la carga sobre los tribunales y resultan ser igual de efectivos para resolver la mayoría de los conflictos civiles y mercantiles.

El objetivo del servicio público de Justicia es ofrecer a la ciudadanía la opción más adecuada para resolver sus problemas. En algunos casos, la vía judicial será la mejor opción, pero en muchos otros, una solución consensuada será más apropiada. La elección del método adecuado mejora la calidad del sistema judicial y aumenta la satisfacción del ciudadano. En este contexto, se destaca la importancia de que las partes involucradas construyan soluciones mediante el diálogo en espacios compartidos.

El uso de métodos alternativos para la solución de disputas también aumenta la relevancia de las profesiones jurídicas, como el papel negociador de los abogados, cuyo trabajo está garantizado en todo momento. Además, se refuerza la participación de procuradores, mediadores, graduados sociales, notarios y registradores, entre otros profesionales.

El Código Deontológico de la Abogacía Española establece como una de las funciones principales del abogado la búsqueda de la concordia, junto con la obligación de procurar el acuerdo entre las partes. El propio Estatuto General de la Abogacía Española exige que los abogados no promuevan el conflicto. Dado el aumento de la litigiosidad, es esencial fomentar este enfoque profesional, reconociendo que la actividad negociadora de los abogados debe ser adecuadamente remunerada, incluso en los casos en los que trabajen en el turno de oficio. Con la introducción de un conjunto de mecanismos de negociación asistida, se busca complementar la negociación directa que los abogados ya realizan de manera tradicional.

Es importante recordar que la Justicia no se limita a la «administración de la justicia contenciosa». Se trata de un sistema más amplio, basado en la filosofía del derecho, que promueve la justicia deliberativa. Este sistema no es monopolio exclusivo de jueces y abogados, sino que pertenece a toda la sociedad. En este contexto, los colegios profesionales juegan un papel fundamental al ofrecer servicios de mediación y resolución de conflictos, promoviendo el diálogo social y fortaleciendo su papel en una sociedad democrática avanzada.

Es fundamental recuperar la capacidad negociadora de las partes, rompiendo las dinámicas de confrontación y tensión que predominan en las relaciones sociales hoy en día. Para ello, es necesario implementar medidas eficaces que no se conviertan en simples trámites burocráticos. Es por esto que se debe fomentar la mediación en todas sus formas e introducir otros mecanismos de éxito comprobado en otras legislaciones.

Junto a estos mecanismos, la ley impulsa la Mediación como una herramienta adecuada para la resolución de disputas. Este método permite que dos o más partes, de manera voluntaria y a través de un procedimiento estructurado, alcancen un acuerdo con la ayuda de un mediador. La mediación sigue regulada por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolla aspectos específicos de dicha ley.